En este blog abordaremos los temas relacionados con la participación de la víctima en el proceso penal, se aborda la conceptualizacion de victima, los derechos constitucionales que le asisten, así como los roles que puede desempeñar dentro del proceso penal.
División Académica de
Ciencias Sociales y Humanidades
Licenciatura en
Derecho
Uso de la Tecnología
en la Enseñanza del Derecho
M.T.E. Josefina de la
Cruz Izquierdo
Alumnos:
Euri Góngora López
Sheyla Yelidza
Alcudia Delfín
Uriel Argeniz
Contrera Perera
María de Jesús Sánchez
Coll
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
1.La
víctima en el proceso penal
1.1Concepto
de víctima
2.Derechos
de la víctima en el proceso penal
2.1Igualdad
procesal entre las partes
2.2Acceso
a la Justicia
2.3Recibir
asesoría jurídica
2.4Coadyuvar
con el MP
2.5Recibir
atención medico psicológica
2.6Reparación
del daño
2.7Resguardo
de la identidad
2.8Solicitar
medidas cautelares
2.9Impugnar
las omisiones del MP
3.La
víctima como parte en el proceso penal
3.1Denuncia
o querella
3.2La
victima en las audiencias
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
INTRODUCCIÓN
En
el presente ensayo hablaremos acerca de la víctima en el proceso penal
acusatorio, para ello hemos recurrido a diversas referencias sobre el tema y a
la opinión de diversos autores especialistas en la materia penal, hoy en día en
los sistemas penales inquisitivos que se aplican en algunas regiones de nuestro
país el papel que juega la víctima es casi inexistente o poco relevante, debido
a que el principal fin de este sistema se centra en acreditar la presunta
responsabilidad del imputado hasta que este es condenado y dejan a las víctimas
en la mayoría de los casos un poco desprotegidas. Ahora bien como resultado de
las constantes reformas a las que son sometidas nuestras leyes, en el año 2008
se publicó una reforma trascendental en el ámbito penal, ya que se da un giro
relevante al sistema de justicia penal el cual se basa en principios éticos y
transparentes que están enfocados principalmente a la publicidad de los
procesos y a una mejor administración de justicia basada en el respeto a los
derechos humanos de las víctimas, pero también de las demás partes que
intervienen en el proceso.
Este
tema es de interés para nosotros como estudiantes de derecho, pero igual es de
interés para toda la comunidad en general, por ello decidimos investigar al
respecto y plasmamos la información más relevante en las páginas subsecuentes, utilizando
un lengua practico y fácil de entender, abordando temas que van desde el
concepto del termino víctima, los derechos de ésta en el proceso penal, así
como también su participación dentro del mismo, esperamos el contenido de este
trabajo sea claro y conciso y permita saber un poco más sobre el rol que las
victimas juegan dentro del nuevo sistema de justicia penal.
El usuario debe acceder al siguiente link: Wiki y acceder con el usuario: danmtnz85@gmail.com y la contraseña: MANZANA1234 para poder revisar el contenido de la wiki.
El autor
Elías Neuman que atribuye el vocablo víctima “a dos variedades “vincire”,
animales que se sacrifican a los dioses y deidades, o bien “vincere”, que
representa al sujeto vencido[1], esta concepción es
apegada al sentido natural de la palabra y en ambos casos se habla de ofrendas
entregadas a los dioses ya que en el segundo concepto se dice que el hombre que
era vencido era atado y sacrificado para los Dioses.
Sin
importar el concepto etimológico de esta palabra, se han dado grandes cambios
en cuanto a su significado, esto nos
lleva a un concepto más general que
señala el diccionario jurídico Omeba: “Es la persona que sufre un daño por
culpa ajena o por caso fortuito, entendiéndose por daño, el detrimento,
menoscabo, lesión o perjuicio, que de cualquier modo se provoca”[2] , esta sería una
definición actual y con un sentido más jurídico. Esta concepción parece ser de
las más acertadas y de sencilla comprensión, este término suele usarse o
confundirse como sinónimo de “ofendido” pero cabe mencionar que el ofendido es
alguien que resiente el daño o afectación hecha a la víctima debido a una
relación de dependencia económica, incluso por pura cercanía emocional, entre
otras.
Por
tanto podríamos precisar que la víctima es la persona directa sobre quien se
realiza la afectación y en el caso que
nos ocupa hablamos de una afectación jurídica, es decir; una acción que se
encuentre tipificada como delito por las Legislación.
2.- DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO
PENAL
2.1.- Igualdad procesal entre partes
Este
principio es de suma importancia para todo régimen puesto que podríamos
encontrarlo en el catálogo de Derechos Humanos. De una manera general y
sintética estaríamos hablando de que este principio hace referencia a la
igualdad de oportunidades, es decir; no debería haber preferencias para alguna
de las partes, de igual modo no deberá haber discriminación de ningún tipo ya
sean sociales, económicas, de identidad, etc.
Este
derecho debe dar seguridad a los individuos de que ante la ley todos serán
tratados de manera igualitaria y sin distinciones.
Derivado
del Derecho de Igualdad, encontramos el principio de “regulatividad” que dice:
“las leyes penales es una condición de su generalidad y, con ello, un
presupuesto de la igualdad penal, ya que todos los hombres son iguales
penalmente en cuanto son castigados por lo que hacen y no por lo que son y en
cuanto sólo sus acciones y no su distinta personalidad, pueden ser tipificadas
y culpabilizadas como igualmente desviadas”.[3] Entonces debemos entender
que en el momento de juzgar se deberá solo tomar en cuanto el delito cometido y
no las características personales del individuo ya que esto podría poner en
ventaja o desventaja a alguna de las
partes, y esto sería ir en contra de lo dispuesto en los distintos
ordenamientos legales que protegen los Derechos Humanos.
2.2.- Acceso a la Justicia
El
Derecho de acceso a la justicia es primordial para las víctimas y debido a esto
en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de los Delitos y Abuso del Poder en unos de sus artículos menciona que
los procesos judiciales y administrativos podrán adecuarse a las necesidades de
las víctimas, estas adecuaciones permitidas se encuentran detalladas solo por
mencionar algunas, encontramos: protección de su privacidad, asistencia e
información adecuada, tramites sin demoras, entre otros.
Se
dice que puede ser más complicado para algunas personas el acceso a la
justicia, esto en el caso de las víctimas debido a la vulnerabilidad en la que
se encuentran debido al daño recibido o incluso a circunstancias anteriores a
este. Para que este acceso a la Justicia seas efectivo se presupone que la
víctima conozca acerca del mecanismo para reclamar su derecho, por tanto
hablamos de que se le brinde una asesoría jurídica que pueda permitirle a la
víctima el conocimiento a fondo de sus posibilidades para ejercer su derecho a
la Justicia.
[1] Champo, N. (2011). Entre
libertad y castigo: dilemas del estado contemporáneo. México: Laguna.
[2] Zamora, J. (2002). Derecho Victimal. México: Instituto
Nacional de Ciencias Penales.
[3] Zamora,
J.. (2014). La victima en el nuevo proceso penal acusatorio. Serie juicios
orales. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Con la reforma a nuestro Sistema de justicia
penal en México, recibir asesoría
jurídica es una garantía fundamental prevista en nuestra Ley suprema así como
en las leyes federales las cuales son responsables de que se cumplan toda estas
garantías, la victima u ofendió se envisten de una serie de prerrogativas entre
las cuales se encuentran el ser informados de sus derecho y la manera en la
cual pueden ejecutarlos de forma correcta en las instancias correspondientes
así como también a información del
proceso del que se ocupan durante las diferentes etapas del juicio, esto
implica que habrá una constante comunicación entre víctima y fiscal el cual es
el que debe de asesorar toda vez que es su responsabilidad como también lo es
la defensa de los derechos del afectado, es de interés público ya que cualquier
persona podría estar en algún momento en una situación de este tipo y no saber
ni si quiera sus garantías que tiene, a
pesar de que contamos con este tipo de asesoría gratuita la mayoría de las
personas buscan asesoría jurídica privada debido a la desconfianza que hay en
nuestros funcionarios públicos.
COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO
Para obtener el resultado que queremos (que
se castigue al culpable) es necesario que las victimas cooperen con la
información que tienen, obteniendo una investigación para una buena integración
del expediente y así la defensa fundamente bien sus argumentos al momento del
proceso, primero con el encargado de la investigación que podría ser un perito
o bien un médico forense dependiendo del caso de que se ocupen,para que
estépase el informe a su representante judicial el cual llevara la defensa
durante el procedimiento, los derechos
de las víctimas tienen una relación fortuita y juntos hacen una unión de fuerza
con ayuda de nuestros funcionarios público, es necesario que ambas partes den
lo mejor de sí para que pueda haber una reparación del daño en el menor tiempo
posible y se reciba la atención médica necesaria por parte de la víctima. Al
coadyuvar con el fiscal el principal beneficiado es la persona a la que se le
ha afectado un derecho, es por eso que es muy importante para el procedimiento.
RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA
Y PSICOLÓGICA
Otro derecho fundamental que prevé he
nuestra constitución en su artículo 20
es que se le proporcione atención médica y psicológica a la persona en la
que recae el daño, se deja ver como la justicia protege la salud integra del
afectado (el derecho positivo protege un derecho universal), se observa que no solo la victima tiene una reparación
del daño material como sucedió durante muchos años sino que ahora también es
médica - sicológica y lo más importante
que es proporcionada por con medios ajenos a la víctima u ofendido, esta otra facultad del fiscal informar y facilitar
al interesado el acceso a ello, es necesario también mencionar que estos
servicios tienen que ser de calidad y que solvente la necesidad de salud que se
tiene, el objeto de esto es que las personas en lo posible tengan en lo posible
la misma calidad y tipo de vida antes de la afectación, esto implica un tratamiento también a su
familiares para que junto con la ayuda del Estado se logre una buena
integración en su vida cotidiana.
REPARACIÓN DEL DAÑO
La
reparación del daño es la restitución de la cosa obtenida por el delito o el
monto de la misma, en lo personal es algo que obligatoria mente considero debe
de ir en la sentencia condenatoria dictada por el juzgador la cual debe comprender la indemnización del
daño material y moral causado y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados
según lo señalan nuestras leyes, es por
eso que cuando sea procedente hay señalar en la consignación los elementos
que acrediten el monto de la reparación
para que sean valorados por autoridad judicial,
solicitar a la autoridad
judicial, cuando proceda, el embargo precautorio de bienes que puedan hacer
efectiva la reparación y tomar en cuenta
al formular conclusiones acusatorias, solicitar la reparación del daño
fijando concreta-mente el monto de la misma. En
nuestro rango constitucional implícitamente no nos dice hasta donde tienen sus
alcances todas estas prerrogativas pero si hace el señalamiento que la
reparación del daño debe de ser pronta y da la posibilidad de que una defensa
pueda buscar un mayor beneficio para la víctima.
2.7. EL DERECHO AL
RESGUARDO DE LA IDENTIDAD DE LA VICTIMA
La incorporación de los
derechos de las víctimas de los delitos ha sido paulatinamente e inicio en la
década de los noventas con la conclusión de un párrafo en el artículo 20 de la
constitución política, en donde se enunciaban de sus derechos, que
históricamente había consagrado solo los derechos de los inculpados en el
proceso. A principio de la presente década el propio artículo 20 de dividió en
tres apartados para incorporar en uno de ellos, el “c”, los derechos de las
victimas u ofendidos por el delito.
Resulta trascendente este
postulado para los derechos de las víctimas y los ofendidos por el delito,
sobre todo cuando de su protección se trata, pero sin duda el presupuesto
resulta complejo en su interpretación y genera la duda para su implementación.
La preocupación se genera porque la interpretación, pero sobre todo la
implementación en ambos casos sesgada de las motivaciones del texto
constitucional, generan anonimatos ficticios y arbitrariedades que violenten
principios básicos de un derecho penal garantista como el nuestro y propician
violaciones a los derechos humanos de los inculpados.
2.8. SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES
La necesidad de que existan
medidas cautelares en el proceso penal vienen dada por la combinación de dos
actores: por un lado, todo proceso con las debidas garantías se desarrolla
siguiendo unas normas de procedimiento por lo que tiene una duración temporal;
y por otro, la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si es
culpable o así se siente, su tendencia natural lo llevara a realizar actos que
dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su fin ( hará desaparecer los
datos que hagan referencias al hecho punible, se ocultará etc.). Por ellos, la
ley faculta al órgano jurisdiccional a que adopte determinadas precauciones
para asegurar que puedan realizarse adecuadamente los diversos actos que
conforman el proceso, para que al término del mismo la sentencia que se dicte
sea plenamente eficaz.
Hasta antes de la reforma
judicial del 2008, la constitución federal establecía el derecho a solicitar
las medidas y providencias que la ley prevea para su seguridad y auxilio;
precepto demasiado general al no decir qué tipo de medida y providencia se
trataba, pero demasiado estrecho al referirlas solo para su seguridad y
auxilio. Aunque en forma general, este derecho presupone otro ya consagrado
constitucionalmente que es el derecho de petición y ellos suponen en sí que la víctima
y no solo ella pueden pedir ante la autoridad lo que considere su derecho. Es
por eso quizá que este derecho consagrado a las víctimas, se entienda en el
sentido de la obligación que implica para las autoridades acordar y atender
favorablemente aquellas medidas solicitas por la víctima para su auxilio y
protección, siempre que sean procedentes.
La reciente reforma a la constitución
de este precepto especificó que se trata de medidas cautelares y providencias
necesarias para la protección y restitución de sus derechos; lo que le hace a
su vez mas extensivo pues se trata de la protección y restitución de todos los
derechos consagrados en la ley, también el de su integridad física y psíquica.
La finalidad de las medidas cautelares es evitar que la afectación de un
derecho se dé o se continúe, en tanto queda clara la legalidad del proceder.
2.9.
DERECHO A IMPUGNAR LAS OMISIONES DEL M.P.
Nuestra constitución
encomienda la prosecución de los delitos al ministerio público y le confiere la
facultad de ejercitar la acción penal, siempre que existan elementos
suficientes para confirmar la presenta responsabilidad de una persona y la
existencia del delito. Cuando no lo hace, aun existiendo estos elementos, se
propicia la impunidad y con ellos se agravia todavía más a las víctimas y a sus
familiares. No debe tolerarse que por el comportamiento negligente y menos aún
por actos de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido.
En el 2008 con la forma
a nuestra carta magna se incorporó un
derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consiste en
impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no
ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento
cuando este satisfecha la reparación del daño.
Por ellos es importante
mencionar que el artículo 21 constitucional se establece un procedimiento para
impugnar las resoluciones del ministerio público que determinen el no ejercicio
de la acción penal. Así, se someterá al control de legalidad las resoluciones
del ministerio público, que de conformidad con nuestra carta magna tienen encomendada la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal,
cuando por ello existan elementos suficientes sobre la probable responsabilidad
penal y elementos suficientes sobre la existencia del delito.
[1] Castillo Soberano,
Miguel Ángel, “el monopolio del ejercicio
de la acción penal del ministerio público en México”, UNAM, instituto de
investigaciones jurídicas, 1992, Pp. 89-133.
Con la reforma penal publicada el 18 de junio del 2008 en
el Diario Oficial de la Federación se da un nuevo giro al Procedimiento Penal
en México, el cual presenta nuevos métodos y herramientas para la persecución
de los delitos, y cuyos objetivos primordiales se basan principalmente en el
respeto a los derechos humanos de la víctima u ofendido así como a los derechos
de toda persona imputada, igualmente se busca garantizar un adecuado acceso a
la justicia, mediante la implementación de principios que transparenten el
desarrollo del procedimiento, pero que a la misma vez garanticen los derechos
de las partes en conflicto, y mediante el uso de medidas alternas o acuerdos
reparatorios se pueda llegar de manera pacífica a una pronta solución del
conflicto sin necesidad de recurrir a un procedimiento largo y desgastante,
siempre y cuando la conducta típica constitutiva de delito así lo permita.
Ahora bien, en este nuevo sistema penal acusatorio, a
diferencia del sistema penal inquisitivo en el cual las víctimas del delito en
la mayoría de los casos no son tomadas en cuenta, debido a que la principal
función de la autoridad investigadora se centra en buscar elementos que le
permitan acreditar la responsabilidad del imputado hasta que este es condenado,
y dejan a un lado la correcta atención de las victimas las cuales requieren de
asesoría jurídica, de atención médica y psicológica, entre muchos otros
requerimientos, este nuevo sistema busca atender las necesidades primordiales
de la víctima u ofendido, pero también de los demás actores en el proceso ya
que su principal objetivo consagrado en el artículo 20 de nuestra constitución
es el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente, procurar que el
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Uno de los principales postulados del nuevo procedimiento
penal es la igualdad que debe imperar entre las partes del proceso, es por ello
que no importando la posición de cada una de ellas ya sea como víctima,
imputado o autoridad, deben participar en el proceso en igualdad de circunstancias
y en todo momento respetando los derechos humanos.
·Denuncia o querella:
Con el paso del tiempo y como resultado de las recientes
reformas al proceso penal, la victima ha adquirido una participación relevante
en el desarrollo de dicho procedimiento, ya que como mencione anteriormente en
el nuevo sistema se busca garantizar a todas las partes en el proceso de todos
aquellos derechos que le son inherentes. Es en esta etapa donde quizás podemos
centrar la participación de la víctima, ya que es ella quien a través de la
denuncia o querella, pone en conocimiento de la autoridad competente que ha
sido sujeta de una conducta que la ley señala como delito y en consecuencia ha
resentido el daño o menoscabo en su persona, en su integridad, en su patrimonio,
etc. , con la formulación de la querella o denuncia la victima promueve la
actividad de la autoridad quien al tener conocimiento de dicho acontecimiento
pone en funcionamiento el sistema de justicia penal. Mediante la querella la
victima expresa su deseo de que se ejerza la acción penal, lo que permite
incluso que la víctima y el imputado puedan negociar respecto al caso, que la
víctima le otorgue el perdón al imputado o se desista de la acusación por la
reparación del daño. Por el contrario, esto no sucede en el caso de la
denuncia, ya que esta no es formulada necesariamente por la víctima, sino que
cualquier persona ajena puede hacer del conocimiento de la autoridad la posible
comisión de un delito, por ello refiero que es justo y necesario que se delimite
bien cuál es el rol que desempeña la victima dentro del proceso, ya que en este
caso ésta solo se limita a ser un simple testigo de los hechos o portador de la
noticia criminal, por lo que aunque se desista de la acción, la autoridad tiene
la obligación de continuar la investigación necesaria para llegar al
esclarecimiento de los hechos. En nuestro país por muchos años la participación
de la víctima dentro del proceso penal ha sido prácticamente inexistente, ya
que desde un principio la facultad de persecución de los delitos ha sido
delegada al Estado, pero con todas las reformas que se han suscitado han
surgido nuevas figuras que han redefinido el papel de la víctima dentro del
proceso penal, ya que ahora puede desempeñar diferentes roles y uno de ellos es
ejercer la acción penal privada, por medio de la cual podrá hacer del
conocimiento de un juez de control de la presunta comisión de un delito que
recayó en su persona o en su patrimonio. Todo esto sin recurrir directamente
ante el ministerio público que es el encargado de la investigación y
persecución de los delitos.
·La participación de la víctima en las audiencias
Finalmente con el surgimiento del nuevo sistema de
justicia penal se han establecido nuevas formas de participación de las
víctimas dentro del procedimiento, como ya mencione anteriormente la victima
puede optar por ejercer la acción penal privada o por dejar que sea el
ministerio publico quien se encargue de la investigación del delito, una vez
tomada esa decisión se podrá definir su papel dentro del proceso, si elige
ejercer la acción penal privada se convertirá en acusador y por lo tanto, le
corresponderá la carga de la prueba, así mismo su desempeño en las audiencias
será pleno, ya que formulará la imputación, obtendrá y ofrecerá las pruebas que
tenga a su alcance, argumentará y formulará los alegatos, etc. al contrario si
decide que sea el ministerio publico quien ejerza la acción penal se convertirá
en coadyuvante con la autoridad para aportar indicios que permitan llegar al
esclarecimiento de los hechos. En este caso podrá señalar los vicios en la
acusación y requerir su corrección, podrá complementar la acusación, así mismo
podrá cuantificar el monto de la reparación del daño y en algunas ocasiones
podrá hacer uso de la palabra después de la intervención del ministerio público
y de la defensa.
Con todo lo mencionado hasta aquí, puedo comentar que son
grandes los cambios que ha sufrido el sistema de justicia penal, y por lo mismo
el rol que juegan las victimas dentro del proceso penal resulta cada vez más
determinante, ya que esta se encuentra en igualdad de circunstancias y derechos
respecto a las demás partes, basando los procedimientos en principios éticos y
transparentes que contribuyen a una mejor impartición de justicia y a un mejor esclarecimiento
de los hechos.
A
manera de conclusión podemos decir que el respetar los derechos humanos resulta
fundamental para el bienestar de la sociedad, los derechos deben respetarse en
todos los sectores de la población sin distinción alguna, en esta ocasión
hicimos referencia a los derechos de las víctimas del delito, toda vez que es
de mucha importancia que se garanticen sus derechos porque son personas
vulnerables que pueden verse afectados tanto física como psicológicamente, lo que
pueden traer repercusiones muy graves en su vida cotidiana.Poner en la
perspectiva de la justicia penal a las víctimas de los delitos significa un
paso importante hacia sus anhelos democráticos, ya que se exige conceder a éstas
el protagonismo necesario en los procedimientos penales, para dotarles de facultades decisivas
respecto al futuro de su agresor, para la negociación del conflicto.
Por
lo que el impacto en este sentido no solo es sustantivo, sino de política
criminal, pues el fin que se persigue con el despliegue de la justicia penal
debe centrar sus esfuerzos en las víctimas y por tanto sus fines deben cambiar.
Sin
importar la nueva perspectiva que deriva de analizar la relevancia que adquiere
la víctima como pilar de cualquier sistema jurídico, ésta no debe servir de
base o pretexto para pretender justificar las transgresiones a derechos
fundamentales y humanos que se actualicen en la esfera jurídica de los
imputados, en aras de argumentar que se protegen los de aquella. Esto es así,
porque todo esfuerzo en dicha dirección, en el fondo, deviene en un grave
obstáculo para materializar la finalidad de construir una plena igualdad de
armas en el ámbito procesal penal como elemento esencial del debido proceso y
conforme al objeto y finalidades del proceso instaurados en la Carta Magna.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
·JOSE
ZAMORA GRANT. (2009). DERECHO VICTIMAL, LA VICTIMA EN EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL MEXICANO. MÉXICO, DF: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. ·JOSE
ZAMORA GRANT. (2014). PROCESO PENAL ACUSATORIO Y VICTIMAS DEL DELITO. LA
VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL ACUSATORIO
(82,83,84,99,100,101,109,110,111,112,113). MÉXICO, DF: INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM.
·CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
